El Congreso de FESAAL en México abordó los desafíos de los autores audiovisuales de Latinoamérica

El 5 de noviembre se realizó en la ciudad de México una nueva edición del Congreso anual de la Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanos (FESAAL), que tuvo como entidades anfitrionas a la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales (SOMEDIRE), una de las más antiguas de Latinoamérica fundada en 1963 y presidida por el director Juan Antonio de la Riva, y a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), que tiene al escritor y dramaturgo Gerardo Luna Islas como presidente del Consejo Directivo.

La asamblea anual se enmarcó en un proceso de profunda transformación que la FESAAL ha encarado con la mayoría de las sociedades latinoamericanas que contiene, una reforma estatutaria que coloca a los autores audiovisuales, guionistas y directores al frente de la conducción y de todas las directivas y planeamientos de objetivos que se planifiquen para el futuro de la AVACI.

Por esto, la celebración del congreso fue entendida por sus participantes como un momento clave para consolidar la defensa de los derechos de los autores audiovisuales, tanto en América Latina como en todo el mundo.

La presidencia del Congreso anual estuvo en manos del guionista y dramaturgo Miguel Ángel Diani (ARGENTORES), quien además fue el encargado de abrir la jornada. Desde el comienzo, el autor que es miembro del Consejo Ejecutivo FESAAL, hizo énfasis en “la necesidad en 2025 de focalizar la ayuda en países como Brasil, Paraguay y Perú, buscando que todos los cineastas latinoamericanos tengan un salario y una entidad sólida que los defienda”.

Luego fue el turno de Manuel Rodríguez Ajenjo, flamante presidente de SOGEM -entidad anfitriona-, quien subrayó “dificultades operativas de funcionamiento al depender la misma de lo que cobra del derecho de autor y no del pago de una cuota de sus miembros, lo que lleva a la confusión de pensar que SOGEM es un sindicato, y el problema de que los autores no cuentan con seguridad social en el territorio mexicano porque la legislación coarta la libertad de tenerla”.

Rodríguez Ajenjo también habló sobre “la situación de los autores audiovisuales mexicanos respecto al pago único de obras por encargo” e instó al resto de las sociedades a “unir fuerzas en contra de la cesión de derechos”.

Por su parte, el vicepresidente de SOMEDIRE, José Antonio Medina Hernández, -la otra entidad anfitriona-, sostuvo que “el reconocimiento y la remuneración por el derecho de autor no es una dádiva: es un logro”, y dejó así formalmente inaugurado el Congreso de FESAAL.

Medina Hernández también manifestó su preocupación de que en México “nuestra legislación no le dé importancia al derecho de autor. No existe una tarifa que aplique a salas cinematográficas y no es ley que el pago del derecho de autor sea una obligación para los usuarios. La actual administración ha avanzado, con el apoyo de nuestro despacho legal en los siguientes acuerdos: con Teleazteca, luego de un litigio de once años; con Televisa, que nos han hecho pagos y siguen negociaciones con DGK, DAC y sociedades de Brasil. Estamos iniciando procesos de negociación con Netflix, Amazon, YouTube y Mercado Libre. Las partes han sido notificadas y estamos hablando con sus representantes legales. Concretar estos acuerdos significa un fortalecimiento para SOMEDIRE, tanto económico como en su presencia como sociedad de gestión colectiva”.

Estado de situación

A lo largo de la jornada los presentes coincidieron con lo expresado por la Presidenta de ATN, Daniella Castagno, al recordar el momento fundacional de todo cuando “hace seis años, en La Habana, un grupo de directores y guionistas nos reunimos y fundamos FESAAL. AGADU, ATN, ARGENTORES, DAC, DASC, REDES, DBCA, GEDAR, SOMEDIRE y SOGEM creamos una federación de sociedades de autores latinoamericanos”, lo que significó “la culminación de un trabajo llevado a cabo desde hace mucho” y la necesidad de querer “seguir apoyándonos y cooperando con la creación de más sociedades de gestión en los países que no la tienen, y fomentar la remuneración y una distribución eficiente de los derechos de autor”.

Los representantes de las entidades argentinas reiteraron lo expuesto en Chile cuando manifestaron “la alarmante situación de la producción audiovisual en Argentina desde la asunción de Javier Milei” la cual “se ha visto muy agravada”.

La directora y Prosecretaria General de DAC, Inés de Oliveira Cézar, dijo: “nunca pensamos que el audiovisual y la cultura podían sufrir un ataque de semejantes proporciones. Lo que el gobierno llama ‘batalla cultural’ es la destrucción de la cultura y del audiovisual (…). Quiero compartir la preocupación por los intentos del gobierno por desregular nuestras sociedades. Creemos que el riesgo se verá minimizado por la transparencia de nuestras sociedades. Les agradezco las cartas de apoyo enviadas cuando la asunción de este gobierno, para frenar las modificaciones que intentaban introducir con las desregulaciones de las sociedades de gestión”.

En sintonía con la preocupación manifestada por los representantes argentinos estuvo lo dicho por el director Ricardo Aguilar (EDAP), quien puso de manifiesto “las amenazas contra las siete entidades de Panamá. La amenaza sigue latente para el próximo año. Panamá acaba de vivir un proceso electoral, y ha resultado ganador un gobierno empresarial, con políticas orientadas a favorecer esos intereses. La nueva Dirección Nacional del Derecho de Autor, por razones de organizaciones internas, mantiene suspendidas las inspecciones solicitadas por la sociedad de gestión colectiva. Esto implica un rezago en el licenciamiento de los usuarios que venía realizando EDAP”.

También se puso de manifiesto la preocupación alrededor de las nuevas herramientas tecnológicas como la IA. La abogada especialista en Derecho de Autor, Adriana Saldarriaga (DASC) manifestó que en Colombia además de la discusión que se da en el resto de los países se presentó un proyecto de ley “que mezcla la legislación que pretende regular la IA con la gestión colectiva obligatoria (que no existe en Colombia). Nosotros bregamos por que exista esa regulación, porque facilita la negociación con los usuarios. En su momento, la corte constitucional dijo que no era necesario. Pero ahora, a raíz de los cambios tecnológicos que están sucediendo, la gestión obligatoria puede tornarse necesaria”.

También remarcó que “no se trata de una tarea sencilla” ya que “cuando un autor cede un derecho, lo hace con la tranquilidad y conciencia de los medios tecnológicos que existen en ese momento. Mi criterio es que la necesidad de regular la IA es compleja, porque la tecnología va más rápido que la ley. Ese es otro reto que tenemos a futuro”.

Al respecto, el abogado especialista en Derechos de Autor, Luis Mangiavillano (DAC) puso de manifiesto que la IA es una realidad que “cada vez nos invade más” y se ocupó de marcar “token” como la palabra clave, y que no es otra cosa que “lo que nos cobra la IA cada vez que, por ejemplo, le hacemos una pregunta a ChatGPT. La IA se va alimentando de datos, y termina siendo lo que es no gracias al origen, sino a lo que lo alimenta. Algunos de esos datos son propiedad privada (como las obras). Ellos tomaron esos datos y con eso alimentaron a la IA. ¿Qué sucede cuando la IA crea obras que compiten con la inteligencia humana? Ahí es donde CISAC dijo ‘esas obras son derivadas de las anteriores, por lo tanto deben pagar una remuneración para compensar’”.

Por último, volvió a ponerse sobre la mesa la cuestión de Género y cómo aún dentro de la industria continúa habiendo diferencias. Al respecto, la directora Camila Loboguerrero (DASC) planteó que “en Colombia hay una enorme cantidad de mujeres dirigiendo. Cuando uno va a ver, son siempre segunda unidad y nunca aparecen en los créditos. Hay una cosa de opacar, de desconocer a las mujeres”.